Prepotencia-impotencia

Estas palabras se utilizan frecuentemente cuando una persona se encuentra abatida porque algo salió mal, en su comunicación con otras personas que tienen un cierto tipo de autoridad. La prepotencia es una actitud en la que se demuestra superioridad, altivez, un rango o un nivel superior y por ello se otorga un trato de inferioridad al otro, haciéndolo sentir humillación, abatimiento y un dolor emocional. La prepotencia es la ostentación de un poder superior, es una actitud autoritaria en la que no se respeta la opinión, el criterio y no se permite el intercambio de ideas entre una persona y otra. Las actitudes prepotentes están presentes en los regimenes que son autoritarios, en las personas que se sienten dueñas de un poder o piensan que tienen la ley en sus manos, en sus acciones y en su pensamiento. Este tipo de actitudes puede verse en oficinas públicas, en oficinas donde se atienden asuntos de tipo legal, así como en las personas que tienen algún grado de autoridad y eso las lleva a pensar y actuar en una forma autoritaria, pisoteando los derechos de aquellos a los que consideran inferiores o que se encuentra en una situación de debilidad o de no poder defenderse.
Las personas que son víctimas de una actitud prepotente, manifiestan un sentimiento de impotencia, de humillación, de no tener en sus manos una fuerza que les permita superar esta situación. Impotencia es una palabra que expresa el no poder, es la pérdida de la esperanza para remediar una situación.
El significado y el uso de estas palabras tiene mucho que ver con lo que ocurrió el día sábado 30 de agosto, fecha en la que se realizó una movilización nacional para protestar en contra de la inseguridad y el alto nivel de violencia que existe en nuestra patria, principalmente porque la ley no se aplica justamente y en una forma equitativa.
El fondo de esta situación que estamos viviendo se encuentra en una modificación de los valores que se está presentado en puntos muy sensibles de nuestra sociedad, en la forma en la que se solucionan los problemas en las instancias de gobierno, de los procedimientos que utilizan los grupos del gran poder económico para realizar los grandes negocios que les proporcionan a su vez los grandiosos beneficios económicos. Si todo tiene un precio ¿también la ley tiene un precio?, ¿eso quiere decir que los pobres y desvalidos ya se perjudicaron porque no tienen recursos para que les otorguen un trato justo?
Cuando ocurre un acontecimiento violento, un asalto, un secuestro, una riña, una accidente o algún otro acontecimiento que requiere la intervención de la policía o de los representantes de la ley, el que tiene conocimiento de inmediato de ello es el Agente del Ministerio Público. Esta es la verdadera instancia que inicia un procedimiento que debe ajustarse a lo que marcan las leyes jurídicas que afectan a la sociedad. Eso es precisamente lo que significan las palabras Agente del Ministerio Público. El agente es una persona que tiene una categoría de rango diferente. No se refiere a rango superior sino a rango distinto. Ministerio Público se refiere a una representación social, una representación del pueblo que tiene el encargo de indagar, descubrir, definir, dar fe y actuar si existen faltas o violaciones a las leyes jurídicas. Así que no son los policías, ni otras instancias públicas las que se encargan de determinar si hay un delito, sino que es el Agente del Ministerio Público. Es por ello que el verdadero nudo, obstáculo, problema o embudo que tiene la ejecución de la ley se encuentra en la actuación del agente del ministerio público, porque además es la instancia que se encarga de registrar los datos o elementos que participan en un supuesto delito. La elaboración acertada de las actas o diligencias como se llaman en el lenguaje legal, permitirán terminar con justicia las actuaciones que se realizaron, pero si los documentos se elaboraron con fallas, entonces el dictamen final será injusto. Los documentos que elabora el agente del ministerio público se turnan a juez, que es el encargado de dictaminar el fallo final.
La gran movilización nacional que se realizó en contra de la inseguridad mi hizo pensar en las experiencias que he tenido con la persona que se encarga de intervenir para que se cumpla con la ley y debo confesar que estas experiencias han sido desastrosas, porque en todas ellas me sentí impotente, por no poder lograr un entendimiento y una comunicación aceptable con estos personajes.
El caso más desesperante me ocurrió hace algunos años, cuando un jardín de niños que se fundó en una comunidad pequeña, entró en una situación de falta de falta de alumnos y recibí la orden de mis autoridades superiores para reubicar a la educadora e implementar el cierre del centro escolar por falta de alumnos.
Esta escuela se fundó porque los padres de familia y el representante de la población hicieron los trámites correspondientes para que les asignaran una maestra de educación preescolar, pero desde un inicio, la existencia de alumnos era muy reducida y en los siguientes años se redujo aun más, por este motivo no fue posible construir un edificio propio y la educadora atendía a los niños en un local prestado por la escuela primaria, que también tenía un maestro para atender los seis grados.
El mobiliario que se utilizó en esta escuela de nueva creación se solicitó prestado de otros centros de trabajo más grandes, con los que se realizó un compromiso de préstamo por medio de un documento que fue avalado por las asociaciones de padres de familia.
Así que cuando la escuela se cerró, fue necesario conseguir un medio de transporte para regresar el mobiliario a las escuelas que lo prestaron, porque las autoridades de esa población ya no quisieron colaborar en este punto. Por diferentes circunstancias que se presentaron en esa ocasión, el traslado se realizó por la tarde, en horario que ya no se consideraba como horario de oficina.
Al día siguiente cuando me presenté a la oficina donde se encuentra el centro de zona, ya estaban esperando mi llegada dos agentes judiciales, que me llevaban una orden de presentación del agente del ministerio público. Estos tipos que se consideran dueños de la ley y del destino de las personas, en una actitud despótica y altanera no quisieron decirme los motivos de esa orden. Así que tuve que dejar mi trabajo como supervisor para acudir al llamado del MP. Cuando acudí a la instancia correspondiente, pude percatarme que también estaban presentes los padres de familia de la escuela cerrada y el representante de esa población.
El agente del MP estuvo atendiendo todos los casos que se le presentaron en ese día y después de una espera como de ocho horas, por fin se abrió un espacio para entrevistarse conmigo y decirme que las personas que estaban ahí, habían presentado una denuncia en mi contra, por robo del mobiliario de la escuela.
Una vez que me identifiqué como el supervisor de la zona y de intentar explicarle los detalles de la situación del mobiliario, prácticamente no me concedió tiempo para darle claridad al asunto y procedió a regañarme por haber realizado un acto como el que había motivado la denuncia, me habló de mis obligaciones, de la importancia que tenía mi labor y de la imagen que tenía ante la sociedad.
Traté de explicarle que los centros educativos están sujetos a una normatividad establecida por la Secretaría de Educación Pública y que existen procedimientos administrativos que todas las escuelas deben cumplir, sin embargo fue muy claro en mencionar que yo no era nadie para conocer la ley mejor que él, quien tenía una carrera universitaria y un postgrado en derecho jurídico.
Nuestra entrevista no duró más de veinte minutos y su dictamen fue muy rápido. Se regresa el mobiliario de la escuela de donde fue sacado o se procedía a mi detención inmediata por el delito de robo y no se permite ni una palabra más. No me permitió explicar que el mobiliario pertenecía a otras escuelas y que solamente fue prestado a esa escuela cuando se realizó su apertura.
En esa situación sentí una gran impotencia, la impotencia que solo sienten las personas cuando su condición de seres razonables está siendo humillada por un trató agresivo y de una gran violencia que está sustentada por un cargo que tiene el carácter de proteger los derechos fundamentales de la sociedad. Eso dice la razón, pero la razón se convierte en miseria cuando la ley funciona como una propiedad privada de un sujeto prepotente y autoritario, que no tiene tiempo ni interés para actuar con justicia.